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Sábado, 21 de Julio de 2018 Actualizado a las 12:00

El 'plan Báñez' contra la brecha salarial choca con los empresarios

8:43 - 13/01/2018 Actualizado: 18:43 - 13/01/18
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El Ministerio de Empleo ultima un plan de choque para recortar la brecha salarial entre hombres y mujeres. La ministra Fátima Báñez ha puesto sobre la mesa del diálogo social su intención de modificar la legislación para obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a realizar auditorías salariales -detallar información sobre los sueldos de sus trabajadores-.

La propuesta es rechazada por los empresarios, que consideran que este tipo de "obligaciones injustificadas" implican un incremento de los costes y merman la competitividad de las empresas. Y tampoco satisface a las organizaciones sindicales, que apuestan por una legislación más amplia, que afecte a las compañías con plantillas superiores a los 25 empleados, e insisten en la urgencia de priorizar las políticas activas.

Báñez quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores (ET) para incluir "medidas concretas para que la igualdad salarial sea una realidad cuanto antes". La primera de estas propuestas consistiría en modificar el artículo 26 del ET para "favorecer" que las compañías "de mediano y gran tamaño realicen auditorías salariales", según avanzó la propia ministra el pasado diciembre. En segundo lugar, anunció que también plantearía a los agentes sociales que el artículo 28 del ET incorpore "la obligación, por parte del empleador, de ofrecer a sus trabajadores o a sus representantes la información desagregada en función del género sobre componentes y cuantía de retribución para los puestos de trabajo de igual valor".

Esta medida se alinea con las recomendaciones que ha hecho a España la Unión Europea en materia de igualdad y sigue la estela de Islandia y Alemania, que acaban de introducir importantes cambios normativos para combatir la brecha salarial. Si bien el planteamiento que contempla el Gobierno español sería una especie de híbrido entre la ley islandesa, que impone auditorías salariales a las empresas de más de 25 trabajadores y sanciona a las incumplidoras, y la alemana, que permite a las trabajadoras de compañías de más de 200 empleados conocer el salario que cobran los hombres en su mismo puesto de trabajo y no contempla multas, aunque el empresario puede ser demandado ante los tribunales.

El Gobierno busca el consenso de los interlocutores sociales para avanzar en esta materia. Según las fuentes consultadas por este periódico, Ejecutivo, patronal y sindicatos coinciden en la imperiosa necesidad de igualar los sueldos de las mujeres a los de los hombres en puestos de trabajo con las mismas características, pero las discrepancias aparecen en el cómo.

La patronal recuerda que "cualquier tipo de desigualdad en el ámbito laboral es ilegal", que la inspección del trabajo tiene una línea específica de actuación en este ámbito y que los convenios ya establecen criterios en este sentido. Por ello, fuentes de la CEOE consideran que las auditorías salariales "no tienen una utilidad clara" en el objetivo de cerrar la brecha. Al contrario, estas fuentes aseguran que "solo elevan los costes y suponen pérdidas de competitividad para las empresas".

Los sindicatos, divididos

La visión de los empresarios no es compartida por los representantes de los trabajadores, aunque las organizaciones sindicales discrepan a la hora de plantear propuestas. Mientras UGT apuesta por la imposición de las auditorías salariales a la islandesa, para empresas con más de 25 empleados, en CCOO reciben esta medida como "positiva", pero insuficiente. A su juicio, "la brecha salarial no se soluciona con auditorías, sino con políticas activas de empleo, en el acceso de la mujer al mundo laboral, en su promoción y en materias como la conciliación", punto este último que consideran "el gran impuesto femenino".

De cualquier manera, el Gobierno está decidido a sacar adelante un plan de choque contra la discriminación de la mujer en el mercado laboral. En el entorno de Báñez mantienen el hermetismo habitual en este tipo de negociaciones, sin concretar qué criterios se van a seguir para establecer baremos de desigualdad y las posibles sanciones a las empresas incumplidoras. Sí recuerdan que esta cuestión "ha permanecido olvidada desde que Zapatero obligase a las empresas a implantar planes de igualdad en 2007". Ahora, dicen, "la recuperación de la economía y el empleo nos ha llevado a retomarla".

En paralelo al diálogo social, el Congreso tramita en estos momentos una Proposición de Ley de igualdad retributiva de Unidos Podemos, una norma "transversal" que modifica varios textos, desde el ET al Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley de la Jurisdicción Social. El texto es, de facto, una enmienda a la reforma laboral del PP, por lo que difícilmente saldrá adelante.

Se avecinan cambios normativos cuyo impacto habrá que analizar con perspectiva. A principios de este año, la destacada editora de la BBC Carrie Gracie dejó su cargo por "una persistente desigualdad de género" en los salarios de la corporación británica. El caso tuvo repercusión mundial, y no es aislado. La brecha salarial asciende al 43% a nivel global, según el Informe Global sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En España, atendiendo a los datos de Eurostat, la diferencia retributiva se encuentra en el 14,9%.

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